La ley de 30 de julio de 1959, Ley 47/59 sobre regulación de la competencia en materia de tráfico, supone la creación de la Dirección General de Tráfico y de nuevo una importante reasignación de competencias en dicha materia. En su artículo 3, la ley atribuye al Ministerio de la Gobernación distintas competencias mediante los servicios y mandos de las Direcciones Generales de Seguridad y Guardia Civil y de los Gobiernos Civiles, constituyéndose, como órgano de dirección inmediata, ordenación y coordinación, la Jefatura Central de Tráfico.

Por ello, desde 1959 hasta hoy, la Guardia Civil desempeña la vigilancia del tráfico, declarándose a extinguir la especialidad de Policía de Tráfico, cuyo personal pasaría a prestar los servicios propios del cuerpo de Policía Armada. De hecho, y una vez publicada la Constitución de 1978, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dispone en su artículo 12 que serán ejercidas por la Guardia Civil “la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas”. La norma del 59 sería objeto de un importante desarrollo reglamentario.

Para llevar a cabo la gestión administrativa del sistema se estableció un organigrama de administración periférica mediante la creación de las Jefaturas Provinciales de Tráfico. Hoy, las Jefaturas Provinciales siguen siendo un elemento fundamental del engranaje, y para acercar la Administración a los ciudadanos, se han creado algunas Jefaturas y Oficinas de Tráfico Locales.

Así, la Ley de 30 de julio de 1959 supuso un verdadero hito, aunando pasado y presente de un fenómeno tan complejo como el tráfico que, desde su aparición, no ha hecho más que crecer y poner de manifiesto el amplio conjunto de materias en las que influye de forma directa o tangencial, y sobre el que a su vez inciden tantas otras cuestiones.